De qué se trata
Este documento de la OCDE plantea que los gobiernos pueden gestionar los sistemas digitales esenciales —como la identidad digital, los pagos electrónicos, las plataformas para el intercambio de datos, el correo digital y los registros clave— como una infraestructura pública compartida. Cuando estos elementos son seguros y funcionan de manera interoperable, facilitan que entidades públicas y empresas incorporen nuevos servicios con rapidez, ofreciendo a la ciudadanía un acceso ágil y confiable tanto a soluciones públicas como privadas.
El documento destaca beneficios clave como la eficiencia y el ahorro de recursos, el intercambio de datos de forma más sencilla, una mejor experiencia para el usuario con mayor inclusión, la capacidad de crecer y adaptarse, la resiliencia frente a crisis y un impulso más rápido a la innovación. También explica que, para lograrlo, se necesitan marcos nacionales claros que regulen la infraestructura digital pública, una estrecha colaboración entre los sectores público y privado, modelos de financiamiento sostenibles y mecanismos integrados que garanticen la privacidad, la seguridad y la equidad
Cuándo usarla
- Trabajo estratégico inicial para identificar las bases digitales y establecer un marco coherente para la infraestructura digital pública
- Diseñar o actualizar elementos clave como la identidad digital, los sistemas de pago o las plataformas para el intercambio de datos, incorporando esquemas de financiamiento y alianzas estratégicas
